“Parece que una parte de la sociedad colombiana vive amordazada”

DDHH en COLOMBIA

ELESPECTADOR.COM

 

Nacional |25 Ene 2010 

 “Parece que una parte de la sociedad colombiana vive amordazada”

Por: Giovanni González Arango

 El parlamentario español, Joan Josep Nuet i Pujals, dice estar dispuesto a denunciar públicamente coerciones a las libertades civiles, en caso de advertirlas.

Él y seis dirigentes más se reunirán con varios sectores sociales colombianos, incluyendo a los magistrados de la Corte Suprema.

El senador español Joan Josep Nuet i Pujals, que integra una misión humanitaria en Colombia con seis diputados ibéricos, dijo que en nuestro país el respeto por los derechos y las libertades civiles parecen estar vedados para quienes no comparten la posición del oficialismo.

Señaló que el propósito de su visita es, precisamente, poner a la luz pública todos esos excesos y exponerlos ante la comunidad internacional, si es que llegan a comprobarse.

En diálogo con ElEspectador.com, precisó que, contrario a lo que se dice desde muchos sectores de opinión, la desmilitarización es la base para encontrar el camino de la paz y la reconciliación.

Aseguró que cualquier acuerdo comercial que celebre Colombia con otras naciones debe estar mediado por el respeto a los derechos de todos los representantes de la sociedad civil, como no parece evidenciarse en el caso de los líderes opositores, las organizaciones sociales, los sindicatos y algunos representantes de la Rama Judicial. De otra manera, dice, podrían perpetuarse tales dramas.

Giovanni González Arango: Senador, ¿cuál es el propósito de la visita de esta delegación?

Joan Josep Nuet i Pujals: Es una misión de verificación de derechos humanos en Colombia. Se va a realizar una observación y sus conclusiones se redactarán en un informe que queremos que se discuta en el Congreso y el Senado de España y en el Parlamento Europeo. También lo haremos llegar al Gobierno de España, que preside en este semestre la Unión Europea.

G. G. A. : ¿Cómo se perciben desde España las noticias relacionadas con las persecuciones irregulares adelantadas por organismos de inteligencia en contra de líderes opositores, periodistas y magistrados de las altas cortes?

J. J. N. : No son suficientemente conocidas, hay una proyección mediática que focaliza el conflicto culpabilizando de forma unilateral a la guerrilla de las Farc, pero se desconocen de forma amplia las implicaciones de los aparatos del Estado en la violencia. Por eso la misión y sus conclusiones deben cumplir también una misión de dar a conocer la situación real a la opinión pública española.

G. G. A.: ¿Tendrá algo que ver el Gobierno de turno en tales seguimientos? ¿Es una estrategia para ejercer el control social necesario para seguir ejerciendo el poder?

J. J. N. : Tendremos entrevistas con el Gobierno colombiano y con los partidos que lo apoyan. También nos entrevistaremos con representantes de la Corte Suprema de Justicia. Posteriormente, conoceremos de forma directa las posiciones de organizaciones campesinas, de mujeres, sindicalistas y la oposición política. En el caso que apreciemos coerción a sus libertades, lo denunciaremos de forma expresa. La violencia reduce el ámbito de participación política, sindical y cultural y, por ello, no podemos legitimizar procesos del tipo que sea ejercido bajo la acción violenta.

G. G. A.: ¿Cómo calificaría el actual estado de la democracia colombiana un dirigente que, como usted, debió soportar varias décadas de autocracia? ¿un nuevo período de Álvaro Uribe iría en detrimento del régimen democrático que pretende inspirar nuestro Estado?

J. J. N. : La democracia no puede ejercerse de forma restringida ya que entonces no es democracia. Cualquier proceso político, incluso el Gobierno soberano de una Nación, queda deslegitimado, si se desarrolla en medio de un ambiente de violencia que coarta de facto y empobrece la participación y la libre organización política, sindical o de cualquier otro tipo. Parece que una parte de la sociedad colombiana vive amordazada y solo aquellas opciones cercanas al presidente se desarrollan plenamente. Eso es lo que venimos a verificar, queremos comprobarlo de forma directa.

G. G. A. : ¿La reelección del presidente Uribe tiene semejanzas con ese régimen que procedió a la República en España?

J. J. N. : Son procesos distintos. Aparentemente, se disfruta en Colombia de una democracia representativa, pero la pregunta debe referirse a los nuevos y modernos métodos de control político antidemocrático que se realizan en los momentos actuales, la implicación con sofisticados medios de los aparatos del Estado, la Policía, el Ejército y los servicios secretos en planes de desestabilización de la izquierda política y sindical. Podríamos decir que el fondo es el mismo, pero los métodos son distintos y, por ello, no podemos establecer paralelismos mecánicos, las cosas, por desgracia, son más sutiles.

G. G. A. : ¿También se dieron allí persecuciones de la misma naturaleza a dirigentes políticos, movimiento obrero y organizaciones sociales?

J. J. N. : El fascismo español de después de la guerra civil utilizó métodos de exterminio directo y guerra psicológica para destruir a la izquierda republicana, pero con el tiempo fue creciendo la oposición interna y, finalmente, se forzó, mediante la movilización, la llegada de la democracia. Los métodos de asesinato selectivo no pueden frenar de forma indefinida las ansias de cambio de todo un pueblo.

G. G. A. : ¿Cómo puede contribuir la comunidad internacional a nuestro pueblo para superar todas esas vicisitudes, relacionadas con las persecuciones políticas, pobreza y violencia?

J. J. N. : El cumplimiento y respeto de los derechos humanos requiere de nuevas formas ejecutivas de control, verificación y castigo. Una de esas formas es la de las delegaciones de observación internacional de conflictos, que puedan dar a conocer los crímenes cometidos. Sin información veraz, es más difícil denunciar internacionalmente e intentar llevar a los responsables ante tribunales internacionales o nacionales. Hay que frenar la impunidad para parar los crímenes y, finalmente, exigir verdad, justicia y reparación para las víctimas y sus familias.

G. G. A. : ¿La bota militar es la única salida a este conflicto que ha desangrado al país por más de seis décadas?

J. J. N. : Frenar la militarización del conflicto debe ser un punto de inicio. La fuerza casi siempre beneficia a los poderosos. Es por ello que el Estado colombiano y el Gobierno tienen la primera responsabilidad, ya que ostentan la fuerza mayor. Por supuesto, los países extranjeros deben no solo no intervenir de ninguna manera, sino apoyar desde fuera la desmilitarización y el dialogo.

G. G. A.: ¿Cuál es su postura frente a la celebración de tratados de intercambio comercial entre Colombia y la Unión Europea?

J. J. N. : Las relaciones comerciales deben supeditarse al cumplimiento de los derechos humanos. Mi opinión es que los tratados comerciales deben suspenderse hasta que podamos conocer la situación real en el país y saber si el Gobierno tiene un plan para frenar y erradicar la violencia no solo de la guerrilla, sino especialmente de los aparatos del Estado y fuerzas paramilitares.

G. G. A.: ¿Por qué algunos sectores de izquierda se han mostrado tan reticentes frente a esos acuerdos?

J. J. N. : Precisamente, para no reforzar opciones de Gobierno que se fundamenten en la violencia y el recorte de libertades y derechos políticos, sindicales y sociales.

G. G. A. ¿Cuál es la posición oficial del Gobierno Español ante la posibilidad de materializar estos convenios?

J. J. N. : El Gobierno quiere firmar los acuerdos, algunas multinacionales españolas exigen también la firma, pero buena parte de la sociedad española y fuerzas políticas, sindicales y organizaciones no gubernamentales exigen transparencia, respecto al respeto de derechos humanos, antes de acordar relaciones comerciales. Firmar los acuerdos sin más, podría ayudar a perpetuar la violencia y condenar muchos años más a la sociedad colombiana.

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