Enmienda a la Totalidad al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2015, que hoy presenta Alberto Garzón

A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: LA IZQUIERDA PLURAL, presenta la siguiente Enmienda a la Totalidad de devolución al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2015. (121/000118)

Palacio del Congreso de los Diputados
Madrid a 17 de octubre de 2014

El Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2015 parte de tres premisas profundamente inverosímiles, a tenor de los datos que reflejan la realidad de la economía española, a saber: la esperanza en un próximo crecimiento económico que generará crecientemente más empleo y más ingresos tributarios, la creencia de que la consolidación fiscal estimulará la actividad económica, y la suposición de que una devaluación interna de la economía redundará en beneficio de la economía española. El profundo aunque incomprensible optimismo en la mejora de la recaudación tributaria derivada de la supuesta reactivación económica, le ha permitido al Gobierno elaborar unos presupuestos en los que se busca una reducción del déficit público sin necesidad de disminuir o contener mucho las partidas de gasto, actuación motivada a su vez por la proximidad de las elecciones.

Una expectativa de crecimiento económico y creación de empleo sin fundamento

Por mucho que el Gobierno torture los datos del Producto Interior Bruto (PIB), no hay motivos para hablar de una senda de recuperación económica. Un crecimiento del PIB del 1,2% desde el segundo trimestre de 2013 hasta el segundo trimestre de 2014 no es reflejo de tal proceso, sino que es consecuencia de los típicos vaivenes de una economía que difícilmente puede hundirse más. A este fenómeno se le conoce también como “efecto rebote”. Sin ir más lejos, entre el cuarto trimestre de 2009 y el segundo trimestre de 2011 el PIB español también creció a tasas parecidas (un 0,89%) y es evidente que ello no marcó ninguna recuperación. Las verdaderas recuperaciones económicas arrojan crecimientos interanuales del PIB mucho más destacados, al menos superiores al 2% como está ocurriendo actualmente en los Estados Unidos o en el Reino Unido. No es el caso de la economía española, cuyo PIB continúa un 5,88% por debajo de su punto más álgido (segundo trimestre de 2008); o mirado de otra forma, un 1,86% por debajo del segundo trimestre de 2011 (período de importante crisis).

Prueba de esta inexistente recuperación económica es que no se está generando empleo neto: acorde con los datos de la Contabilidad Nacional, el número de horas trabajadas en España se mantiene estancado desde el primer trimestre de 2013, momento en el que se alcanzó el punto más bajo de una serie temporal que comienza en 2001. Los niveles de empleo del segundo cuatrimestre de 2014 son comparables a los de hace exactamente trece años. Una economía que no incrementa el número de horas trabajadas es una economía que no genera más renta ni más empleo, por mucho que el Gobierno quiera ofrecer una imagen confusa de la realidad económica llevando a cabo una lectura interesada de los datos. Para medir rigurosamente el empleo no hay que centrarse en el número de puestos de trabajo, sino en el número de horas trabajadas.

Precisamente el hecho de que el número de puestos de trabajo haya aumentado tímidamente (entre el segundo trimestre de 2013 y el segundo de 2014 hay unos 140.000 ocupados más según la Encuesta de la Población Activa) mientras el número de horas trabajadas se mantiene estancado no hace sino reflejar la descomposición que está sufriendo el empleo. No se está generando empleo, sino desguazando mediante el fomento de los contratos temporales y de jornada parcial. Así lo revelan los datos del Servicio Público de Empleo Estatal: desde 2007 hasta agosto de 2014 la proporción de contratos temporales sobre el total de contratos ha pasado de un 87% a un 93%, mientras que durante el mismo periodo el porcentaje de contratos a tiempo parcial sobre el total de contratos ha pasado de un 22% a un 36%. Además, la duración media de los contratos temporales no hace sino disminuir: en 2008 era de 78,5 días y en 2013 fue de 54,7.

Como consecuencia de esta dinámica en el mercado laboral los salarios se han visto gravemente afectados. Según el Instituto Nacional de Estadística el crecimiento del coste salarial por trabajador pasó del 4,1% en 2007 al -0,7% en 2012, 0,1% en 2013, y -0,3% en el primer trimestre de 2014. Este importante deterioro salarial se hace mucho más evidente en los nuevos contratos. Los datos de la Muestra Continua de Vidas Laborales de los registros de la Seguridad Social revelan que el salario mediano de los entrantes en un nuevo empleo en 2013 (978 euros) es igual al que hubo en 1993 (973 euros). La situación es aún peor para los jóvenes que entran al mercado laboral. En su caso nos tenemos que remontar hasta el año 1990 para encontrar condiciones salariales similares. Hoy en día un joven entrante en el mercado obtiene un salario mediano de 801euros en un contrato a tiempo completo, comparado con unos 797 euros en el año 1990.

Una caída de los salarios que no mejora la competitividad y que perjudica gravemente la actividad económica

El Gobierno reconoce implícitamente esta caída de salarios y de costes laborales unitarios como un éxito en términos de competitividad vía precios, suponiendo que esta reducción de costes le concede al empresario exportador la posibilidad de reducir el precio de sus productos y así poder vender más en el extranjero. Pero los datos demuestran que esta devaluación salarial no se está transformando en una ganancia de competitividad: los precios de los productos industriales exportados (utilizando el indicador IPRIX del Instituto Nacional de Estadística) sólo han caído un 0,12% desde enero de 2011 hasta julio de 2014 a pesar de la fuerte caída en la remuneración salarial experimentada durante ese periodo. Incluso ha habido periodos en los que estos precios no disminuían sino que aumentaban. Esto quiere decir que las empresas exportadoras no están aprovechando la reducción salarial para disminuir de forma paralela los precios de sus productos, sino fundamentalmente para incrementar el margen de beneficio por producto vendido, una práctica muy atractiva en periodos de crisis caracterizados por una disminución en el número de productos vendidos. Así lo ratifica el Servicio de Estudios del BBVA utilizando los datos del Banco de España: entre 2009 y 2012 los precios de las exportaciones españolas, medidos a través de los índices de valor unitario, aumentaron un 2,2% más que en los países desarrollados. No es de extrañar que en 2012 y en 2013 España hiciese récord en beneficios empresariales, según un estudio del banco Natixis.

El Gobierno rehúye esta cuestión al realizar una lectura incorrecta y poco rigurosa de los costes laborales unitarios nominales a la hora de relacionarlos con la evolución de la competitividad. La postura oficial es emplear este indicador referido al agregado de la economía, a pesar de que la inmensa cantidad de bienes y servicios producidos en España no son exportados o susceptibles de serlo (el 79% de las exportaciones españolas están conformadas por manufacturas, suponiendo todas ellas únicamente el 36% de toda la producción). De poco sirve analizar la evolución de los costes laborales unitarios en sectores donde la producción no se vende en el exterior. Un análisis riguroso ha de vincular la evolución de la competitividad comercial con los costes laborales unitarios de aquellos sectores que sí exportan. Al no ser así, el vínculo entre los costes laborales unitarios agregados y la competitividad de la economía se mantiene muy débil y profundamente insatisfactorio.

Es más, la economía española no tuvo ni tiene problemas de competitividad. Así lo demuestran los datos de Comercio Exterior de la Unión Europea al revelar que las exportaciones españolas crecieron al ritmo del 8% antes de la crisis y que su cuota exportadora (porcentaje de exportaciones españolas sobre el total de exportaciones mundiales) se mantuvo en torno al 1,7% incluso en unos años en los que China ganaba terreno a todas las demás economías como Italia, Francia o Estados Unidos. Si el Gobierno insiste en que la economía española no es competitiva es porque se centra en el saldo comercial. Este saldo sí era notablemente negativo en esos años, pero fue debido al intenso incremento de las importaciones y no al comportamiento de las exportaciones, ya que éstas no retrocedieron. Las importaciones aumentaron porque la demanda interna de España era muy elevada. Ahora, en crisis, ya no lo es, y por eso el saldo comercial se ha reducido tanto.

Por lo tanto, la reducción salarial no logra que aumenten las exportaciones españolas; en todo caso ayuda a reducir las importaciones. Sin embargo, en esta caída de las importaciones el hundimiento de la inversión empresarial ha jugado un papel mucho más relevante que la devaluación salarial. Es decir, la reducción del saldo comercial no se debe tanto a la disminución de los salarios como al colapso del modelo de crecimiento económico español. En lo que sí afecta mucho la devaluación salarial es a las ventas de las empresas españolas que venden sus bienes y servicios en el mercado interno. Así lo demuestra la encuesta periódica que realiza el Banco Central Europeo sobre el acceso a la financiación de las empresas de la Zona Euro, donde se señala que el principal problema de las empresas españolas es la falta de clientes. Al mismo tiempo, el problema de los costes laborales y de producción queda bastante alejado: sólo es el principal problema del 13% de las empresas encuestadas. En consecuencia, la reducción salarial no sólo no solventa los problemas de las empresas españolas, sino que los agrava por el lado del consumo de las familias.

Unos presupuestos generales que intensifican los problemas económicos

La reducción salarial no es el único fenómeno que deteriora la demanda interna de la economía a través de la reducción en la capacidad adquisitiva de la población. También contribuyen a ello los recortes de gasto público en sueldos públicos, sanidad, educación y todo tipo de prestaciones sociales que se vienen acometiendo desde mayo de 2010, así como el incremento de tipos impositivos, especialmente en el caso de las figuras tributarias más regresivas. Según datos del Banco de España, la demanda interna de la economía cayó un 4,1% en 2012 y un 2,7% en 2013. El consumo privado también retrocedió en un 2,8% y 2,1%, respectivamente. La Encuesta de Presupuestos Familiares del INE revela que las familias redujeron en más de 1.000 euros su consumo medio en 2013 respecto al año anterior.

Las políticas de consolidación fiscal en las que se enmarcan nuevamente estos presupuestos se muestran inútiles para reactivar la demanda interna. La disminución de la partida de prestaciones por desempleo (un 14% menor que el año anterior), de las pensiones públicas (que sólo aumentan un 3,3% cuando en los dos años anteriores lo hizo en un 4,9%), el escaso aumento de las partidas destinadas a los servicios públicos fundamentales como sanidad y educación después de años de fuertes reducciones (el presupuesto destinado a sanidad y educación sigue siendo un 8% y un 19% menor que en 2011, respectivamente), la falta de estímulos desde la inversión pública a la inversión privada (la inversión en I+D+i está un 14% por debajo de la de 2011) o la ausencia de un plan de empleo que vaya más allá de meras bonificaciones fiscales son las muestras de que estos presupuestos no sólo no servirán para la reactivación económica, sino que nos alejarán de ella. El sobreendeudamiento de las familias es otro lastre importante para el consumo, y los presupuestos generales no recogen ninguna medida para aliviar este problema a pesar de que el propio Fondo Monetario Internacional ha recomendado hacerlo.

La reforma fiscal del Gobierno, con la reducción de los tipos impositivos en el IRPF, no contribuirá a un aumento en el consumo privado: la disminución de la carga fiscal es prácticamente imperceptible para la mayoría de los contribuyentes y serán los de mayor capacidad económica, con una propensión mayor al ahorro, los especialmente beneficiados por la reducción de tipos impositivos. Además, normalmente una reducción de impuestos tiene un impacto sobre el consumo privado mucho menor que el aumento de gasto público, especialmente en épocas de recesión económica en las que las expectativas no son favorables y en las cuales los pocos ingresos recibidos se destinan a devolver la importante deuda acumulada. Ninguna familia consume más de la cuenta cuando está asfixiada por la deuda y cuando cree que la economía va a continuar estancada.

Por el lado de la inversión empresarial ocurre prácticamente lo mismo: la reducción del tipo impositivo del Impuesto de Sociedades del 30% al 25% para las grandes empresas no tendrá ningún efecto en la formación bruta de capital. Las empresas invierten no cuando tienen recursos disponibles, sino cuando las expectativas de beneficio son favorables. Si lo son y no tienen recursos siempre pueden recurrir a la financiación externa. Pero si las expectativas no son buenas, como ocurre en la actualidad (la mayoría de economías de la Eurozona están en recesión o estancadas), las empresas no se lanzan a invertir por mucho margen de tesorería que consigan gracias a la reducción de impuestos. Y estas expectativas de beneficio no florecerán mientras el principal problema de las empresas sea la falta de clientes debido a la débil capacidad adquisitiva de la población.

Además, la reestructuración del sistema bancario así como el resto de ayudas públicas a la banca que tanto coste fiscal le suponen al Estado no están sirviendo para reactivar el crédito a familias y empresas: según los datos del Banco de España la financiación a los hogares e instituciones sin ánimo de lucro así como a las sociedades no financieras no deja de retroceder desde diciembre de 2009 (excepto algún ligero y esporádico crecimiento entre 2010 y 2011). En todo caso, la caída se ha frenado a partir de enero de 2014 en parte gracias a la intervención del Instituto de Crédito Oficial (ICO): hasta mediados de septiembre de 2014 la entidad pública de crédito había concedido 14.630 millones de euros en más de 197.000 operaciones, más del doble que durante el mismo período del año anterior. No es curioso que el Gobierno necesite recurrir a una entidad pública para fomentar el crédito a familias y empresas, puesto que es la única forma de lograrlo mientras la banca privada se mantenga herida de muerte; lo curioso es que el Gobierno se niegue sistemáticamente a potenciar y desarrollar una banca pública tal y como le ha sugerido hasta la saciedad nuestro grupo parlamentario. Al fin y al cabo, la banca privada no se podrá recuperar hasta que lo haga la actividad económica, ya que sus beneficios bancarios provienen en última instancia de la economía real. Las ayudas a la banca privada no servirán nunca para restaurar el crédito si no se acompañan de medidas económicas que incentiven verdaderamente el crecimiento económico.

El mantenimiento de las características derivadas de las reformas laborales llevadas a cabo en el mercado de trabajo junto con la falta de un plan de empleo ambicioso van a seguir condenando a nuestro país a tener las mayores tasas de desempleo de Europa, especialmente las de desempleo juvenil. Esto no hace más que seguir lastrando la recuperación del consumo privado, y por ende, hundiendo las ventas afectando de forma significativa a las y los trabajadores por cuenta propia y a las pequeñas y medianas empresas, que son las conforman el 64% de todo el empleo acorde al Retrato de las PYME 2014 del Ministerio de Industria, Energía y Turismo.

Unos presupuestos inútiles para reactivar la economía y crear empleo

En una época de profunda crisis económica como a la que asistimos, donde se produce un fuerte ajuste en el sector privado, desde el sector público se debe impulsar la reactivación económica mediante una potente creación de empleo público y un aumento de la capacidad adquisitiva de la población, lo que crearía las condiciones económicas necesarias para impulsar la reactivación de la inversión. Sin embargo, estos presupuestos, al igual que los diferentes planes de empleo del Gobierno, no van orientados a tal objetivo.

El gasto público en investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) debería ser una prioridad para una salida firme de la crisis. Pero estos presupuestos, tal y como ha denunciado el colectivo Carta por la Ciencia, reflejan el nulo interés que este Gobierno tiene por la I+D+i. Las subvenciones para esta política se reducen ligeramente con respecto al año 2014 y lo que aumenta es la partida destinada a préstamos y en particular los destinados a gasto militar. Además, la práctica totalidad de los organismos públicos de investigación ven congelado o disminuido su presupuesto, un año más la convocatoria de proyectos de investigación de 2015 dependerá de la concesión de un crédito extraordinario, no hay fondos para poner en marcha la Agencia Estatal de Investigación incumpliendo el mandato de la Ley de Ciencia de 2011, y se perderán la mitad de los puestos vacantes en investigación al fijarse una tasa de reposición de efectivos del 50%. Esta amortización de empleo se suma a las vacantes perdidas en los tres años anteriores, mientras que nuestros científicos y especialmente los más jóvenes buscan su futuro en el exterior.

El gasto total en I+D+i en proporción al PIB ha disminuido desde el 0,92% en 2009 hasta el 0,59% previsto para 2015, nada menos que un 36%, lo que nos retrotrae al nivel del año 2011. Si atendemos a los porcentajes de gasto no financiero real (capítulos 1 al 7 de los presupuestos), de los que se nutre el sistema público de I+D, descendemos desde del 0,40% del PIB en 2009 hasta el 0,22% de 2015. En este caso hay que retroceder al año 1983 para encontrar registros similares.

En estos presupuestos no se destina ni un euro a las energías renovables, y a la eficiencia energética se destina menos que a la explotación minera, por poner un ejemplo, lo cual es inaudito. Y de la parte de eficiencia energética, el 67% se lo lleva el plan PIVE. En vez de incentivar el transporte público o los planes de movilidad urbana sostenible, se incentiva la compra de automóviles sin ningún criterio de eficiencia energética. La movilidad sostenible tiene unos impactos sociales, ambientales y económicos nada despreciables. Disminuiríamos la dependencia del petróleo (en 2013, el consumo de más de 25 millones de toneladas de combustibles para la automoción supuso un coste superior a 40.000 millones de euros), las emisiones de CO2, las emisiones de contaminantes que generaron 20.000 muertes prematuras y las multas del Tribunal de Justicia Europeo por contaminación atmosférica.

La partida destinada a cambio climático, a pesar de aumentar ligeramente respecto al año anterior, se queda lejos de la destinada en 2011, que era de casi el doble que la presupuestada para 2015. De nada sirve la existencia de partidas como esta si por otra parte el resto de políticas van en dirección opuesta, incentivando los combustibles fósiles y la compra de coches e impidiendo el cambio de modelo energético basado en renovables, ahorro y eficiencia energética.

El Gobierno no solo ha abandonado el impulso de las energías renovables, sino que lo está impidiendo, a pesar de que son la única garantía de abastecimiento de energía en el futuro y del que España puede ser pionera por contar con un entorno favorable y con la tecnología adecuada. La penalización al sector de las renovables está hipotecando el futuro energético, conlleva el incumplimiento de directivas europeas y está destruyendo miles de puestos de trabajo creados en los últimos años en la economía verde.

La miopía del Gobierno ante los retos medioambientales del país y del planeta pone en riesgo nuestro patrimonio natural, pero también impide el impulso de sectores económicos vinculados al medio ambiente que son intensivos en creación de empleo y que permitirían una transición justa y sostenible hacia otro modelo económico y productivo.

El presupuesto destinado al “fomento del empleo”, a pesar que se incrementa ligeramente este año en 672,8 millones, está un 34% por debajo del que se destinaba en 2011. La mayoría del aumento para este ejercicio se reparte en bonificaciones a la contratación, agencias de colocación y orientación profesional. El plan de empleo CRECE, al igual que la Garantía juvenil, son planes destinados a paliar parcialmente la destrucción de empleo a través de meras ayudas directas a las empresas para la contratación temporal. Sirven para la estrategia de maquillar las tasas de paro como efecto estadístico para el próximo año de elecciones, a la vez que contribuyen a descapitalizar el fondo de reserva de la Seguridad Social que ya ha perdido desde 2012 más de 24.000 millones de euros. Pero ambas partidas son irrisorias para conseguir un verdadero resultado en la creación de puestos de trabajo: el plan CRECE está dotado de sólo 2.187 millones de euros, cuando, por ejemplo, sólo el gasto por intereses de deuda pública alcanza los 36.590 millones.

Estos presupuestos no abordan la necesidad de frenar la sangría de empleo público que están sufriendo las administraciones y que, además de su impacto negativo sobre la ocupación en general, deteriora la prestación de servicios públicos de calidad.No hay que olvidar que se han perdido más de 400.000 empleos en el sector público durante la crisis. Además, la nueva congelación de los salarios de los empleados públicos por quinto año consecutivo perjudicará a la propia salida de la crisis al impedir que cerca de tres millones de personas mejoren su capacidad adquisitiva y con ello impulsen la demanda interna. La pérdida acumulada de poder adquisitivo de los empleados públicos desde 2010 supera el 20% y la devolución del 24% de la paga extra “incautada” en 2012, cantidad no consolidable y ya reconocida como derecho por los tribunales, en ningún caso puede compensar en modo alguno a los empleados públicos.

Respecto a la inversión pública en su conjunto, el aumento del 8,4% sobre lo presupuestado en 2014 es absolutamente insuficiente como para que esta magnitud tenga un efecto multiplicador importante sobre la actividad económica y el empleo. El sector público estatal destinará 13.103 millones de euros a inversión real, el 1,2% del PIB, pero esta cantidad todavía es casi un 37% inferior a la destinada en 2011, ejercicio que ya contó con recortes en la inversión pública. Además, la prioridad inversora para 2015 vuelve a ser la ampliación de la red del AVE.

Si analizamos el modelo de transporte desarrollado en las últimas décadas en España podemos comprobar que la apuesta desmedida por desarrollar de manera poco sostenible las líneas de alta velocidad, a base de deuda pública y despilfarro, ha tenido un elevado coste de oportunidad para el desarrollo y mejora de la red de ferrocarril convencional, de las cercanías y del transporte ferroviario de mercancías. Seguramente, la frenética carrera por la alta velocidad ha podido dejar en segundo plano aspectos tan importantes como la planificación, el derecho al transporte o incluso la seguridad.

Unos presupuestos que incrementan todavía más la desigualdad

Pero no sólo estos presupuestos son inútiles para reactivar la economía y crear empleo, también lo son para redistribuir justamente las rentas, lo que sigue en la línea continuista de anteriores presupuestos. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística, uno de cada cinco españoles está por debajo del umbral de la pobreza, cifra que se ha estancado con la llegada de la crisis por un efecto estadístico, ya que la renta media ha ido cayendo (debido al empobrecimiento masivo) y con ello ha ido bajando el umbral, pero la realidad es que cada vez hay más gente con peores condiciones de vida y mayor polarización económica en la sociedad. Mientras el número de hogares sin ningún tipo de ingreso en el segundo trimestre de 2014 sube hasta los 740.500 (un 2% en un año), el número de ricos en España aumentó un 11,6% en 2013 y un 27% desde 2008 a 2013 según un informe de Capgemini y RBC Wealth Management. Además, el 17% de los hogares españoles sufre pobreza energética.

Frente a esto, una de las principales partidas que tiene el presupuesto destinada a combatir la desigualdad como es la de desempleo se reduce en un 14%, mientras que las estimaciones (optimistas) del Gobierno sitúan la tasa de desempleo en los 5.237.000 parados para 2015, un 8% menos. Es decir, incluso asumiendo unas estimaciones optimistas derivadas de unas premisas inverosímiles, los presupuestos reducen el doble el dinero dedicado a la cobertura por desempleo de lo que supuestamente bajará el número de parados, lo que conlleva una disminución de la tasa de cobertura, y más si se tiene en cuenta que posiblemente los datos de desempleo serán mucho más negativos que los previstos por los presupuestos. Una tasa de cobertura que, además, se sitúa en mínimos históricos: en junio de 2014 su valor bruto era del 52,3%, mientras que en enero de 2010 alcanzaba la cota del 74,2%.

Por la vía impositiva también se acentúa la desigualdad: la reforma fiscal ha reducido el número de tramos del IRPF, lo cual hace retroceder la progresividad del impuesto; se han aumentado los tipos impositivos de los impuestos más regresivos (IVA e impuestos especiales); y se ha disminuido el tipo para las grandes empresas del impuesto de sociedades. A pesar de ello, las previsiones de ingresos plantean que se ingresará un 20% más del Impuesto sobre Sociedades y un 14% más de IVA, siendo poco acordes con sus propias estimaciones de crecimiento económico que para el año que viene plantean un crecimiento nominal del PIB del 2,6%, tan sólo un 1,2% más que en 2014.

Al mismo tiempo se siguen perdiendo importantes recursos destinados a combatir el fraude fiscal. Aunque para el año próximo se ha establecido una ligera subida en la partida asignada a la Agencia Estatal de Administración Tributaria, la realidad es que desde 2011 el presupuesto se ha reducido en un 12,2%, lo cual deteriora los ya escuálidos recursos que tenía la Agencia para combatir este fraude fiscal: en España hay un inspector por cada 1.680 contribuyentes, tres veces menos que la media de los países de la OCDE y cinco veces menos que en Francia y Alemania. La estimación de los ingresos por las cotizaciones a la Seguridad Social tampoco es verosímil al suponer un aumento del 6,8% en 2015 respecto al año anterior, a pesar de que el propio Gobierno calcula que en 2014 los ingresos serán un 2,9% inferiores a los de 2013. Eso sí, una buena fuente de ingresos públicos provendrá de la privatización del 49% de la sociedad AENA Aeropuertos. Una privatización parcial que reducirá los ingresos públicos a medio y largo plazo del Estado al mismo tiempo que aumentará los beneficios y poder de un determinado grupo de accionistas.

En estos presupuestos las principales partidas destinadas a educación, sanidad o cultura apenas se incrementan en su conjunto respecto a las del año pasado, una variación que no compensa ni de lejos los recortes que desde 2011 se han llevado a cabo. Como se puede apreciar en la tabla siguiente, las reducciones del presupuesto continúan siendo considerables respecto del dinero destinado en 2011 a estas partidas, además que ya de por sí habían recibido recortes considerables del Gobierno del PSOE. El resultado es claro: nos encontramos ante unos presupuestos que siguen primando el pago de la deuda frente a los servicios básicos que garantizan el bienestar de la mayoría. Aunque este año se ha reducido ligeramente el coste de la deuda (no porque se haya recuperado la “confianza” de los mercados en España debido a los recortes del Gobierno, sino por el cambio de rumbo realizado por el Banco Central Europeo desde julio de 2012 en su objetivo de inundar los mercados financieros de liquidez y alterar las expectativas de los operadores financieros), podemos apreciar cómo sigue siendo una de las partidas que mayor peso tiene en los presupuestos y que más ha aumentado desde 2011.

Comparación presupuestos 2011 con presupuestos 2015 (miles de millones euros constantes 2011)
Presupuestos 2011 Presupuestos 2015 VARIACIÓN
JUSTICIA 1.713 1.522 -11%
Fomento empleo / Parados** (euros por persona) 1.386 918 -34%
DESEMPLEO/PARADOS 5.764 4.893 -15%
SANIDAD 4.264 3.912 -8%
EDUCACIÓN 2.843 2.303 -19%
CULTURA 1.104 759 -31%
I+D+i 7.576 6.478 -14%
Carga financiera DEUDA PÚBLICA 27.400 35.953 31%
*(nº pensionistas diciembre 2011 y septiembre 2014, fuente: Ministerios empleo y SS)
** (nº parados IV trimestres 2011 EPA y estimación Gobierno PGE 2015)
Fuente: Elaboración propia a partir de datos PGE 2012 y PGE 2015

Los presupuestos en educación certifican el progresivo desmantelamiento del sistema público y lastran la igualdad de oportunidades. Los créditos destinados a la política educativa enmascaran recortes sustanciales pues el aumento nominal del 4,5% sólo se explica por la implantación de la LOMCE. Así, se destinan 98 millones de euros más para educación con relación al año 2014, pero la LOMCE absorbe recursos por valor de 142,6 millones, de tal forma que en realidad se pierden 44,6 millones respecto al año pasado. La educación compensatoria, las becas y ayudas Erasmus, las ayudas para la compra de libros, las enseñanzas universitarias, la formación del profesorado o el gasto en educación primaria sufren congelaciones o recortes que, sumados a los brutales recortes de los últimos años, revelan tanto la pérdida de importancia del derecho a la educación en el conjunto de las políticas públicas desde que gobierna el Partido Popular, como el intento de degradar la educación pública abonando el campo para el negocio educativo privado.

En cuanto a las partidas presupuestarias en materia de servicios sociales, igualdad, sanidad y transferencias destinadas a financiar el Sistema de Atención a la Dependencia, hay que señalar que en los últimos cuatro ejercicios presupuestarios se ha producido una importante reducción del gasto que ha afectado sin excepción a todos los grandes programas y actividades, en algunos casos con reducciones superiores al 20%. Esto ha supuesto que algunos programas han desaparecido y otros han quedado reducidos a actuaciones simbólicas que ya difícilmente pueden verse recortadas más, salvo que se supriman definitivamente.

Así, el gasto en servicios sociales se mantiene casi al mismo nivel del año 2012, destacando el nuevo recorte en las dotaciones al Plan Concertado de Servicios Sociales Básicosque se reduce hasta representar casi la cuarta parte del presupuesto del año 2009, antes de que se iniciaran los sucesivos recortes. Por su parte, el gasto en sanidad experimenta un nuevo descenso que lo sitúa prácticamente en la mitad del gasto sanitario público en el año 2011.

Respecto a la aportación de estos presupuestos para la cofinanciación del sistema de atención a la dependencia, que se incrementa en un exiguo 0,4%, hay que recordar que a 1 de agosto pasado había 176.000 personas con el derecho reconocido a una prestación sin que hayan accedido a la misma, a las que hay que sumar más de 101.000 solicitudes presentadas sin dictaminar. La agilización de la tramitación de las solicitudes y del acceso a las prestaciones significaría que más de 250.000 personas tendrían que adquirir la condición de beneficiarios, lo cual resulta incompatible con mantener prácticamente congelada la cofinanciación estatal.

También cabe señalar que a pesar de que gracias al aumento de la dotación a las entidades sin ánimo de lucro los fondos destinados a las acciones en favor del colectivo inmigrante experimentan un leve aumento con respecto a la dotación del año anterior, los fondos destinados a los ayuntamientos para la integración quedan en la ridícula cantidad de 50.000 euros. Desde 2012, esta dotación ha visto disminuir su asignación hasta hacerla desaparecer prácticamente. En un contexto en el que son las entidades locales las que asumen prácticamente por completo la tarea de prestar asistencia social a las personas migradas que la requieren, este recorte no hace más que confirmar el desprecio que el Gobierno muestra hacia los más desfavorecidos.

En materia de justicia, la congelación de su presupuesto hará imposible abordar la transformación y modernización que necesita la administración de justicia. En realidad, estos presupuestos son una muestra más de la apuesta privatizadora y de la visión mercantilista de la justicia del Gobierno. Así se constata por el fracaso estrepitoso de la Ley de Tasas Judiciales, que pretendía sufragar la justicia gratuita y únicamente ha servido para cercenar el derecho a la tutela judicial efectiva y obstaculizar el acceso al servicio público de la justicia a las personas con menos recursos, o por la reciente privatización del Registro Civil atribuyéndoles su llevanza a los registradores de la propiedad y mercantiles.

Respecto a la política de vivienda, en un país como España que está sufriendo día a día el drama de familias desahuciadas de sus viviendas por no poder hacer frente a sus compromisos de pago, resultan insignificantes los 585 millones de euros destinados en estos presupuestos a la partida de acceso a la vivienda y fomento de la edificación. Estos programas han sufrido un recorte de más de 216 millones de euros en la dotación, perdiendo un 28% con respecto a 2014. Y esto en un contexto en el que lo grave no es la escasez de viviendas, sino la falta de capacidad adquisitiva para acceder a alquileres baratos o ayudas que eviten el lanzamiento de las viviendas.

Por otra parte, continúa la opacidad y la inoperatividad en lo que respecta a la SAREB. Esta figura, creada para gestionar con ánimo mercantil una importante parte de los tres millones de viviendas vacías que existen en España, ha demostrado que únicamente está dispuesta a rendir cuentas ante la Troika, dejando a los contribuyentes sin información sobre la gestión de los mecanismos usados para realizar una reestructuración bancaria que paga toda la ciudadanía.

Unos presupuestos que liquidan la política pública de cooperación para el desarrollo

Con las dotaciones de estos presupuestos la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) española alcanzaría en 2015 los 1.797,55 millones de euros, 17 millones menos de lo aprobado en 2014. Estamos hablandodel 0,17% de la Renta Nacional Bruta (RNB), muy lejos de la meta del 0,7% comprometido para 2015 en distintos marcos internacionales de desarrollo y ratificado por el Gobierno español a través de las Conclusiones del Consejo de la Unión Europea del pasado 27 y 28 de junio.

El 0,17% de la RNB coloca, un año más, la AOD de 2015 en niveles de los años 90 cuando España era aún un donante incipiente. Este porcentaje destinado a cooperación está muy alejado de la media europeaque se sitúa en un 0,50%. Estamos a la cola de los donantes europeos; solo Grecia se sitúa por detrás.

La cooperación internacional no debe someterse a la inestabilidad en función de excedentes, requiere de un compromiso público sostenido. Los continuos recortes que la AOD ha experimentado en los últimos años está provocando el desmantelamiento de la política de cooperación española. Estos recortes han afectado fundamentalmente a las partidas que el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación (MAEC) aporta al conjunto de la AOD española y, especialmente, a su Programa 143A Cooperación para el Desarrollo. En 2015 dicho programa aumenta un 5% su dotación con respecto a 2014, pero esto se debe a un incremento del presupuesto de gasto de la AECID por los fondos de Cooperación Delegada, procedentes de la Unión Europea. Desde el inicio de la actual legislatura (2012), el programa cuenta con 162 millones de euros menos (-24%) y con 1.455 millones menos que lo presupuestado para el ejercicio 2011. Tomando en cuenta una u otra referencia, las cifras muestran que el Programa de Cooperación sigue siendo el más recortado del MAEC.

Asimismo, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) es una de las principales perjudicadas y acumula una caída de más de 618 millones de euros en ese mismo período, lo que significa un 71% menos de presupuesto con respecto a lo programado para el año 2011. Ello cuestiona la capacidad de desarrollar las orientaciones estratégicas del Plan Director en los 23 países priorizados.

Por otra parte, solo el 46% de la AOD estará gestionada por el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación. Casi el 54% de la AOD será aportada por ministerios distintos al Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, que es el ministerio responsable de la dirección de la política de cooperación según lo establecido en la Ley 23/1998, de 7 de julio, de Cooperación Internacional para el Desarrollo, y el único que cuenta con una Agencia especializada en la materia. En 2011, la proporción era la inversa (56% MAEC, 44% otros ministerios), lo que supone el cuarto año consecutivo que se arrastra este desequilibrio.

Unos presupuestos recentralizadores

Con la actual distribución de competencias podemos afirmar con rotundidad que una visión centralista del Estado equivale a una visión antisocial de la realidad. El grueso de la financiación del Estado de Bienestar en nuestro país corresponde a las comunidades autónomas responsables de partidas tan centrales y esenciales como la sanidad y la educación. A su vez los entes locales son los responsables de buena parte de la política social, por definición aquella de mayor cercanía. El mayor esfuerzo exigido a entes locales y a las comunidades autónomas, con un tope de déficit de un 0,7% el año que viene y un 0,3% en 2016 para las comunidades y un 0% para los entes locales, pone en riesgo la calidad de nuestros sistemas educativo y sanitario así como otras políticas sociales básicas.

Si bien es cierto que el actual presupuesto supone un incremento en concepto de transferencias a comunidades autónomas por participación en los ingresos del Estado de algo más del 6%, dicho aumento no recupera la caída sufrida en los presupuestos del año pasado, cercana al 20%. El descenso por el mencionado concepto, si comparamos el presupuesto presentado con la partida del año 2013, sigue siendo de un 13,6%.

Por otra parte, la dotación de los fondos de compensación interterritorial para el conjunto de comunidades autónomas, destinados a corregir los desequilibrios territoriales, no varía para 2015, manteniéndose en 425,8 millones de euros a pesar de que la inversión pública crece un 8,4%. La escasa dotación de estos fondos opera en contra de la cohesión territorial.

Además, son unos presupuestos que siguen sin cumplir con Cataluña. La disposición adicional tercera del Estatuto de Cataluña ya no está vigente este año. Si durante estos años el Gobierno decidió deliberadamente no cumplir con dicha disposición del Estatuto de Cataluña no esperamos que ahora que ya no está en vigor cumpla con la equiparación relativa del Producto Interior Bruto catalán a las inversiones del Estado en Cataluña. Sin embargo,el sentido común exige rectificar la baja inversión en infraestructuras en territorio catalán. Cataluña sigue asumiendo un injustificable déficit en infraestructuras ferroviarias y de mantenimiento lo que supone una limitación de la movilidad y un problema para el equilibrio territorial y el desarrollo económico.

También el Estado continúa sin cumplir con el Estatuto de Autonomía de Andalucía, ya que en 2015 la inversión será del 17,4% del conjunto del territorio nacional, cuando la comunidad representa el 17,9% de la población. Desde la entrada en vigor de dicho Estatuto, el Estado ha acumulado una deuda de inversiones no ejecutadas y no presupuestadas en Andalucía por importe de 2.356 millones de euros.

El caso de Aragón es si cabe más sangrante, pudiéndose apreciar con claridad el carácter electoralista de las cifras. Tras el recorte del 70% sufrido en los últimos años, el incremento de poco más de un 7% del capítulo de inversiones (casi la mitad de la media del incremento regionalizado de la inversión) supone dar por perdida la legislatura y posponer de nuevo actuaciones indispensables.

Estos presupuestos obvian una obligación para la cuenca del río Gállego como es la necesaria descontaminación por lindano que provoca un grave problema sanitario y medioambiental.Igualmente,los recursos son escasos para dar una alternativa a las zonas y comarcas mineras, y se abandona de nuevo la reapertura de la conexión ferroviaria con Francia por Carfranc. Además, las cuentas para 2015 demuestran el nulo compromiso con el medio rural y la vertebración territorial con la insuficiente aportación estatal a los programas de desarrollo rural, al igual que sucede con otras regiones que padecen fuertes desequilibrios territoriales.

Por tanto, los Presupuestos Generales del Estado 2015 no van destinados a reactivar la economía, ni a crear empleo, ni a garantizar los servicios públicos esenciales. Al contrario, están centrados en la reducción o contención del gasto público, en el estancamiento de la demanda interna y en primar el pago de la deuda a costa de reducir las partidas destinadas a gasto social. Son unos presupuestos que no servirán para salir de la crisis y que seguirán profundizando en un modelo económico cada vez más desigual y empobrecedor.

La reciente creación de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal no es sino un intento del Gobierno por legitimar unos presupuestos austeros orientados a lograr una consolidación fiscal que no hace otra cosa que empeorar la situación económica.

Por todo ello, y porque consideramos que hay alternativas tanto en la forma de repartir los recursos de la economía española como en la forma de concebir la sociedad y la economía española en el marco de la Unión Europea, el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: LA IZQUIERDA PLURAL, con esta enmienda a la totalidad rechaza estos presupuestos y pide la devolución al Gobierno del Proyecto de Ley.

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