Interpelación sobre pensiones que hice en el Senado al Ministro de Trabajo del Gobierno Zapatero, Celestino Corbacho en 2009, un poco desfasada pero actual en muchas cuestiones de fondo, la recupero

DE D. JOAN JOSEP NUET I PUJALS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO ENTESA CATALANA DE PROGRÉS, SOBRE EL FUTURO DEL SISTEMA PÚBLICO DE PENSIONES EN ESPAÑA Y SU NECESARIA ACTUALIZACIÓN PARA GARANTIZAR UNA JUBILACIÓN DIGNA COMO BASE DE UN ESTADO DE PROTECCIÓN SOCIAL Y DE BIENESTAR (Número de expediente 670/000054).
El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Interpelación de don Joan Josep Nuet, sobre el futuro del sistema público de pensiones en España. Tiene la palabra el senador Nuet.
El señor NUET I PUJALS: Moltes gràcies, president. Bona tarda, ministro. Esta es la segunda vez que interpelo a su ministerio, señor ministro, ya que anteriormente lo hice con el ministro Caldera, en aquella ocasión sobre la siniestralidad laboral en nuestro país, y ahora pretendo hacerlo sobre el sistema público de pensiones en España. Sin duda estará usted de acuerdo conmigo, no lo dudo, en que el sistema público de pensiones en nuestro país constituye uno de los ejes fundamentales del sistema de protección social del que disfrutan nuestros ciudadanos y hemos asistido en el pasado mes de abril a un debate público en los medios de comunicación sobre si ese sistema tenía o no capacidad en las próximas décadas para mantener y aumentar la financiación de las pensiones en España. El presidente del Banco de España, señor Miguel Ángel Fernández Ordóñez, intervenía en ese debate en diversos foros y en diversas ocasiones expresando opiniones según las cuales en la reforma de las pensiones, que era necesaria, decía, se debería contemplar un retraso de la edad de jubilación para garantizar su sostenibilidad. También es cierto que pudimos escuchar y leer informes con opiniones parecidas desde diversas instituciones europeas, como el comisario de Economía de la Comisión, el señor Joaquín Almunia, que expresaban opiniones parecidas, pero también a círculos financieros y económicos de nuestro país, así como opiniones de la derecha política española, que abrazaban propuestas en el debate de las pensiones, diciendo que la salida a la crisis actual podía estar vinculada en uno de sus aspectos a la reducción de las aportaciones a la Seguridad Social como una forma, se decía, de relanzar la economía. Paradójicamente, ministro, aquellos que han lanzado augurios catastrofistas sobre el futuro de las pensiones en España ante la reducción del superávit de la Seguridad Social, realizan ahora propuestas económicas tendentes a incrementar ese déficit, reduciendo aportaciones, dicen, a esa Seguridad Social. Por tanto, es un elemento contradictorio entre lo que se dice y lo que se pretende conseguir con la propuesta. Pero tenemos otras fuentes, otros medios que opinan —por ejemplo, según fuentes de dos estudios recientes que se han presentado en Zaragoza por parte del sindicato Comisiones Obreras— que el futuro de las pensiones en España está asegurado durante al menos los próximos treinta años, lo que permitiría abrir, según este sindicato, nuevas vías de apoyo a las pensiones más bajas, que deben ser actualizadas y también potenciar planes de atención específica. César Sánchez, uno de los economistas de referencia en Comisiones Obreras sobre el tema de las pensiones, ha afirmado recientemente que las alarmas sobre el envejecimiento de la población son interesadas, al no tener en cuenta el crecimiento de la economía previsto en el futuro y el empleo durante las próximas décadas. Nuestra renta se habrá más que duplicado en los próximos treinta años y será una opción política el cómo y el cuándo debemos destinar a las pensiones. Por tanto, creo que ahí se ha puesto el dedo en la llaga. Hay que tomar decisiones políticas y el debate sobre las pensiones no es un debate técnico, es un debate profundamente político, solo que algunas opiniones políticas se esconden detrás de planteamientos técnicos y cuando rascamos un poquito esos planteamientos técnicos vemos que son inconsistentes y, por consiguiente, lo que queremos es abordar a cara descubierta cuál es el debate político de fondo que algunos pretenden enmascarar.
Igual que algunos informes del sindicato, muchos seguimos, con vehemencia a veces, los informes y artículos del profesor Vicenç Navarro, que sobre las pensiones también ha dicho muchas cosas. El profesor Navarro, en muchos artículos —algunos muy conocidos—, ha desmontado buena parte de las teorías alarmistas, especialmente en lo que respecta a la edad de jubilación y al porcentaje del PIB futuro que podremos invertir en pensiones. Por ejemplo, un dato muy sencillo: hace cincuenta años gastábamos en España en pensiones el 3% del PIB, mientras que actualmente, en el año 2007, el último dato, hemos gastado el 8,5% del PIB. ¿Por qué hemos podido doblar ese gasto en pensiones? Porque la productividad, y por tanto la riqueza en nuestro país, ha aumentado durante ese período. Si hoy siguiésemos manteniendo los niveles de productividad de hace cincuenta años, no podríamos gastar el 8,5% del PIB español en pensiones, pero podemos hacerlo porque el país ha cambiado, y ha cambiado para mejor, no para peor. Por tanto, ¿qué ocurrirá dentro de veinte, treinta o cuarenta años? La España del futuro, sin duda, debe ser mejor que la España actual. Nadie debe pensar que iremos hacia atrás como los cangrejos. Por tanto, si se calcula un incremento de la productividad del 1,5% anual, que es un dato conservador y que maneja, por ejemplo, el Banco de España, perfectamente dentro de treinta o cuarenta años podremos gastar el doble del PIB actual en pensiones y, en consecuencia, el sistema puede estar perfectamente garantizado. El profesor Navarro, por ejemplo, advierte —y eso sí lo quiero señalar— de la peligrosidad del sistema de las prejubilaciones para resolver algunos problemas en las empresas. Esa es una carga para el sistema público de pensiones y, en general, una carga para el conjunto del país, porque esos prejubilados, que cobrarán menos, también pagarán menos impuestos y, por tanto, contribuirán menos a la riqueza del conjunto del país, por lo que es importante señalar esa alarma.
¿Qué le pedimos al Gobierno y al ministro de Trabajo en concreto?
Es importante que el Gobierno de España transmita un mensaje de confianza y seguridad a los ciudadanos, especialmente a los casi ocho millones de pensionistas, y también que sigamos reconociendo el valor, que se irá actualizando, de lo que conforma lo que hemos venido en llamar el Pacto de Toledo y sus distintas resoluciones y documentos. En los últimos cuatro años el número de afiliados a la Seguridad Social ha aumentado en 2,3 millones de personas, hasta los 18 millones en abril del 2009, y la Seguridad Social cerró el ejercicio pasado con más de 14 000 millones de superávit, el 1,31% del PIB español. El 15 de febrero de 1994, un momento también de crisis económica en este país y de debate sobre el futuro de las pensiones, por lo tanto un momento parecido al actual, el Congreso de los Diputados aprobó la proposición no de ley por la que se creaba una ponencia en el seno de la Comisión de Presupuestos con la finalidad de analizar los problemas estructurales del sistema de Seguridad Social y señalar las principales reformas que deberían acometerse en un futuro para garantizar su viabilidad. La Comisión de Presupuestos alcanzó, un año después, un acuerdo sobre el informe emitido por la ponencia, denominado Pacto de Toledo por el lugar donde fue elaborado, que fue ratificado más tarde por el Pleno del Congreso.
El Pacto significó un firme compromiso de todos los grupos parlamentarios con el sistema público de pensiones de la Seguridad Social. El texto aprobado hace quince recomendaciones que pensamos que siguen siendo válidas, aunque por supuesto que deben actualizarse. Son quince recomendaciones con el objetivo de reducir de forma gradual las cargas sociales, la separación y clarificación de las fuentes de financiación de forma que las prestaciones contributivas se hicieran vía cotizaciones y el resto por impuestos, la edad de jubilación, el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones, la constitución de reservas para períodos de baja de ingresos o la financiación, simplificación e integración de los regímenes especiales. Estas son algunas de las recomendaciones que muy brevemente puedo señalar.
El impacto de la crisis actual, señor ministro, no debe conllevar en ningún caso repescar viejas teorías neoliberales presentadas ahora desde el pesimismo para abordar el delicado debate de la sostenibilidad del sistema público de pensiones en nuestro país. Por supuesto que mediante los mecanismos parlamentarios y los del diálogo social se deben seguir proponiendo reformas que mejoren el actual sistema público, ampliando, si son necesarios, los ámbitos de opinión a instancias profesionales y académicas, pero centrando el protagonismo en los agentes sociales. Es posible que el debate interesado del pasado mes de abril sobre que las pensiones en España han entrado en crisis y hay que repensar el modelo tenga también que ver con la realidad de que el sistema privado de pensiones en España no supera el 8% del producto interior bruto y mantiene dificultades de expansión en el sector financiero.
Sin duda, anunciar la crisis del sistema público espolea las expectativas de negocio del sector privado —aquí está el meollo de la cuestión—, y por ello el Gobierno debe convertirse en el principal defensor de ese sistema frente a las teorías especulativas que interesadamente quieren cambiar el rumbo. El debate es que si alguien quiere abrir el melón de la paulatina sustitución del sistema público de pensiones, basado en aportaciones de empresarios y trabajadores, por un sistema con un gran papel de las pensiones privadas para aquellos que puedan pagarlo, que lo diga. Estamos dispuestos a entrar en ese debate, a que se produzca. Sabemos que el sistema de pensiones es precisamente en España el sistema público de protección que goza de mayor apoyo por parte de la inmensa mayoría de los españoles y las españolas, incluso por delante de otros sistemas públicos, como el educativo o el sanitario. Estamos, pues, con la mayoría de la población española, afianzando y reforzando el sistema público de pensiones en nuestro país. Pero, como decía antes, no hagamos falsos debates, hagamos el verdadero, el que es fundamental en este tema: si el sistema público es el sistema central y el que garantiza que las pensiones son un derecho de nuestro país y, por tanto, no deben ser un negocio.
Señor ministro, hay que proyectar de forma positiva en el presente y en el futuro debates como el papel de los trabajadores extranjeros, que han contribuido también en los últimos años al sistema público de pensiones. Y el de las mujeres. Usted sabe que si la mujer española tuviera el mismo nivel de participación en el ámbito laboral que, por ejemplo, las mujeres suecas, tendríamos tres millones más de altas en la Seguridad Social en nuestro país. Y sabemos que ese debate está vinculado, por ejemplo, a la educación infantil de 0 a 3 o a la Ley de dependencia. Es decir, lo que invertimos públicamente en la Ley de dependencia o en la escolarización de 0 a 3 años lo encontramos en su mayoría en mujeres que acceden al sistema de trabajo, que cotizan, que pagan impuestos. En definitiva, lo que hemos invertido por un lado lo vamos a recuperar por otro. Y a eso se le llama ampliar la cohesión social en nuestro país.
Hay que abordar —y acabo ya— de forma más decidida la reducción de un déficit histórico de la cuantía de las pensiones mínimas. Sabemos que en esta legislatura se ha hecho un esfuerzo, pero hay que seguir haciéndolo, y posiblemente habrá que incrementarlo porque estamos excesivamente lejos de las medias de los países de la Unión Europea de los Quince. Hay que proponer más que asustar. En el fondo siempre estamos hablando de lo mismo —nosotros al menos lo hacemos—: de reforzar y aumentar la capacidad del sistema público de pensiones en nuestro país pensando en el futuro y actuando en el presente. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor ministro. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Moltes gràcies, senyor senador.
Tiene la palabra el señor ministro de Trabajo e Inmigración para contestar la interpelación. — El señor MINISTRO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN (Corbacho Chaves):
Gràcies, senyor president. Moltes gràcies també, senyor senador, per la seva interpel·lació, que seguidament pas a respondre. El sistema público de Seguridad Social es uno de los pilares de nuestro Estado de bienestar y, como tal, una institución de máxima relevancia para los ciudadanos. Por ello, quiero destacar su interpelación en un doble sentido. Primero, por el tono de su intervención, que agradezco. Creo que, más allá de algunos matices sobre aspectos puntuales, compartimos el compromiso básico de reforzar las pensiones de nuestros mayores y mejorar con ello la cohesión social de nuestro país. En segundo lugar, quiero agradecerle también la oportunidad que me ofrece de dirigirme a esta Cámara para reiterar un mensaje de tranquilidad a los ciudadanos, especialmente a los pensionistas, que ya transmití a sus señorías el pasado mes de febrero con ocasión de otra interpelación formulada por el Grupo Popular. Es un mensaje que se resume en que la Seguridad Social no está en crisis o, lo que es lo mismo, que las pensiones están plenamente garantizadas. Es evidente que la crisis económica y la consiguiente caída de la afiliación a la Seguridad Social han tenido una incidencia negativa en los ingresos por cotizaciones sociales. Pero eso no significa que el equilibrio del sistema esté amenazado. Por varias razones. Por un lado, no debe olvidarse que la situación financiera de la Seguridad Social antes del estallido de la crisis económica global era muy buena, como lo acredita que el ejercicio de 2008 cerrara con más de 14 000 millones de euros de superávit, un 1,3% del producto interior bruto, y con más de 57 000 millones de euros en el fondo de reserva. Estas son unas cifras que han permitido amortiguar, sin duda, los efectos negativos producidos por la caída de la actividad y el incremento del desempleo. Por otro lado, la defensa del equilibrio financiero del sistema de pensiones se basa en datos objetivos que ponen de manifiesto que, pese a la gravedad de la crisis económica, la salud financiera de la Seguridad Social en la actualidad sigue siendo buena. Para comenzar, los datos de afiliación a la Seguridad Social, hechos públicos el pasado día 2, reflejan un crecimiento del número de afiliados de casi 70 000. Lo relevante no es solo que se trate del primer aumento mensual desde julio del año pasado o que el incremento sea superior al registrado hace un año o que en un único mes la Seguridad Social haya recuperado prácticamente las caídas de afiliación de los tres meses precedentes, sino que junto a estos datos, sin duda positivos, a efectos del equilibrio financiero del sistema a largo plazo es igualmente relevante la consolidación de un número importante de afiliados que cotizan para el sostenimiento del sistema. En este sentido, el fuerte incremento de la afiliación en los últimos años hace que, incluso, en un momento álgido de la crisis, el número de afiliados a la Seguridad Social se sitúe, como usted ya ha referenciado, en más de 18 millones. Otros datos positivos que reflejan la fortaleza del sistema se refieren de forma específica a indicadores de la situación financiera de la Seguridad Social acreditando que sus cuentas están saneadas. Así, hoy día la Seguridad Social no tiene ningún crédito pendiente gracias al esfuerzo de amortización realizado durante la pasada legislatura. Además, el fondo de reserva, al que he hecho referencia antes y situaba en 57 000 millones, roza ya los 58 600 millones de euros, una cifra histórica que equivale al 5,35% del producto interior bruto. Igualmente hay que destacar que, a pesar de la crisis económica, la morosidad sigue situada por debajo del 2%, un dato bajo si lo comparamos con las tasas de morosidad en el sector financiero. Por último, quizás el dato que mejor refleje la buena salud financiera de la Seguridad Social sea la previsión de que el ejercicio de 2009 se cierre un año más con superávit, un superávit que, como tuve ocasión de manifestar en la Comisión del Pacto de Toledo hace pocas semanas, la Intervención de la Seguridad Social lo cuantifica para este año en el 0,5% del producto interior bruto y que en el peor de los casos se situaría en un 0,3 o 0,4%, es decir, entre 3000 y 4000 millones de euros. Por tanto, se trata de un resultado muy positivo en las actuales circunstancias, razón por la que todos debemos sentirnos satisfechos. Finalmente, el tercer bloque de datos también refleja la fortaleza de la Seguridad Social ante la crisis económica. En este caso tiene que ver con aspectos relacionados con el gasto en prestaciones. Así, quiero resaltar que la difícil situación en el mercado de trabajo no ha afectado al número de pensionistas. El número de altas se ha estabilizado y, lo que es más importante, se mantiene el progresivo retraso de la edad de jubilación. Gracias especialmente a la reducción del número de jubilaciones anticipadas, actualmente la edad media de jubilación está situada en sesenta y tres años y diez meses. Por otra parte, quiero destacar también que la reducción del gasto en las prestaciones de incapacidad temporal, los avances en materia de siniestralidad laboral, y la mayor eficacia en los controles provocan que, frente a un crecimiento del 15% en el año 2004, el gasto esté hoy disminuyendo. Por todo ello, señoría, creo que es indiscutible la solidez de nuestro sistema público de Seguridad Social y su fortaleza para hacer frente a las dificultades económicas que atraviesa hoy nuestro país. Pero es muy importante no caer en la autocomplacencia y seguir trabajando para reforzar la sostenibilidad y la mejora de nuestro sistema de pensiones. En este sentido, el sistema de Seguridad Social se enfrenta a grandes retos de futuro que nos exigen, como responsables políticos, una respuesta satisfactoria. Para ello, como ha dicho usted, señoría, disponemos de un instrumento de gran valor, que es el Pacto de Toledo, vigente desde el año 1995. Visto desde una cierta perspectiva, el Pacto de Toledo es la clave del éxito de la Seguridad Social; en los últimos años ha permitido trabajar de forma consensuada, avanzar en reformas, y seguir trabajando para el futuro. Señoría, ha introducido usted algunas consideraciones sobre las que quisiera pronunciarme. Primera afirmación. — 1988 — SENADO-PLENO 9 DE JUNIO DE 2009 NÚM. 43 El futuro de las pensiones está plenamente garantizado y, por tanto, hay que rechazar de plano cualquier afirmación que venga a generar dudas sobre el sistema de pensiones a corto y medio plazo; venga de donde venga y lo diga quien lo diga. Esto no ofrece la menor duda, porque así lo acreditan y lo avalan las cifras de la Seguridad Social. Dicho esto, dejando clara esta afirmación, es evidente que vivimos en una sociedad que, si los pronósticos se cumplen, y se cumplirán, demográficamente cambiará. Y en el año 2030 habrá una sociedad más envejecida que la que tenemos actualmente; y el peso de las pensiones, al que ha hecho usted referencia, del 8 o el 8,5%, será superior. Por tanto, a partir de ahí deberemos reflexionar, pero —repito— con esa perspectiva temporal. Y sobre ese particular quiero hacer un comentario.
Me parece absolutamente contradictorio que desde algún lugar se diga que hay que prolongar la vida laboral, y que en algunos sectores en que se pide eso, a la vez se anticipen cada vez más las jubilaciones anticipadas. ¿Por qué no nos ponemos de acuerdo primero? ¿No parece más razonable entender que en una sociedad como la actual debemos combatir el hecho cultural de que cuando una persona llega a los 50 años se le aparte, y que una sociedad no puede descansar su futuro sobre las espaldas de una generación entre los 30 y los 50 años? Si nos ponemos de acuerdo en eso, esa es una cultura a combatir. ¿Quiere eso decir que hay que acabar con las jubilaciones anticipadas o las prejubilaciones? No. Pero han de ser la excepción y no la regla. Y cuando alguien, diga que la tecnología avanza de una manera muy veloz y que es algo que puede superar a una persona de 50 años, la respuesta sería la siguiente: invierta usted en formación continua y haga que la experiencia acumulada y la edad no sean inconvenientes para la asunción del conocimiento de lo que significa la nueva tecnología incorporada. Por consiguiente, no estoy de acuerdo en abrir el debate de la ampliación más allá de 65 años. Sí estoy por la defensa, y creo que deberíamos ir en esa dirección, de aproximar cada vez más la edad real a la edad legal de jubilación, a los 65 años. También me parecería razonable —por qué no—, incentivar la prolongación voluntaria en el mercado de trabajo. Es decir, incentivemos esa voluntariedad, para que una persona pueda acumular una mejor pensión, e incluso desgravemos al máximo el costo empresarial. Pero también dependerá mucho de los sectores el que una persona tenga deseos de continuidad; y me parecería enormemente injusto universalizar la obligatoriedad, puesto que no es lo mismo trabajar en un andamio que en otros sectores. Estos son conceptos que deberíamos tener en cuenta. Por consiguiente, sin negar la reforma, situémosla en el horizonte temporal que le corresponde, dejando bien claro que el presente de las pensiones, por suerte, está plenamente garantizado. Y a partir de ahí, si tenemos que empezar otro debate, diré que durante estos últimos cuatro años el Gobierno ha combinado dos cuestiones para demostrar que no era incompatible que la hucha cada vez tuviera más dinero, pasando de un fondo, que en el año 2004 era de 15 000 millones de euros, a un fondo de 58 000 millones de euros. En mi opinión, hemos hecho un esfuerzo importante. Y a la vez, todo eso se ha combinado con un crecimiento, con una mejora de las pensiones mínimas, cuya actualización no se correspondería simplemente con el IPC. Por cierto, he oído algún comentario sobre que, como el IPC a lo mejor era negativo este año, quizá habría que revisar el 2,4% de las pensiones, que era lo establecido. Pues no me parece serio que digamos a los pensionistas que cobran 700 euros que, además, les vamos a revisar el 2,4%. Puestos a revisar, revisemos otras cosas. Concluyo, señoría. Hay abierto un debate, y el diálogo social es el lugar para seguirlo. Simplemente voy a dar un dato: un punto de cuota de la Seguridad Social aproximadamente son 3000 millones de euros; por tanto, cualquier debate sobre reducción de las cuotas de la Seguridad Social no debe perder de vista un horizonte: las pensiones forman y conforman el pilar básico del Estado del bienestar, y una sociedad solidaria y que apuesta por la cohesión deberá tener presente siempre ese futuro, por delante de cualquier reforma. No se deben negar reformas, las que sean necesarias, pero, eso sí, no para poner en crisis y para que corran riesgos aquellos que lo han dado todo en la vida y que lo único que les queda ahora es la seguridad de dos pilares básicos del Estado del bienestar: la sanidad y las pensiones. Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Muchas gracias, señor ministro. Senador Nuet, tiene la palabra.
El señor NUET I PUJALS: Muchas gracias. Señor ministro, yo me dedico a la política, primero, para ser feliz, y también para intentar hacer felices al máximo número de personas. Y hoy usted me ha hecho bastante feliz. Quiero señalar que coincido con el fondo de su intervención. Creo que su posición es adecuada, y además le pido que lidere en la sociedad española, como ministro de Trabajo y máximo responsable en este ámbito, las propuestas que hoy aquí ha expuesto. Quiero acabar con la lectura de un pequeño texto de un artículo del profesor Vicenç Navarro, que también deja muy claro que aún vivimos en una sociedad de clases y que, por tanto, eso debe tenerse en cuenta. El texto dice lo siguiente: Por otra parte, el retraso de la edad de jubilación es enormemente regresivo a nivel social, pues la salud de los ancianos y la edad en que mueren depende de su clase social. Las personas que están en la decila superior de renta en España viven diez años más que las que pertenecen a la decila inferior, y ello se debe a que el nivel de salud es mucho mejor en el primero que en el segundo grupo. Las mujeres de la limpieza del Banco de España a los 60 años tienen el mismo nivel de salud que un gobernador de tal banco tiene a los 70. De ahí que pedirles a las clases populares que trabajen 2 o 5 años más para pagar las pensiones de las personas de rentas superiores, que vivirán muchos años más, es una enorme injusticia. Repito: la política es para hacer a la gente feliz y no para cometer injusticias. Muchas gracias, señor ministro. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Muchas gracias, señor senador. Moltes gràcies. Senyor ministre, té la paraula.
El señor MINISTRO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN (Corbacho Chaves): Gracias. Señor senador, usted no se preocupe por los que tienen las rentas altas, porque su futuro no dependerá de la pensión que al final acaben cobrando. Estos acabarán teniendo un plan de pensiones privado que habrán, lógicamente, pagado y que en algunos casos llevarán incorporado en el contrato blindado. Por lo tanto, no es ese futuro el que nos ha de preocupar. Dicho esto, y para que no se interpreten mal mis palabras, tampoco estoy diciendo que me parezcan mal los sistemas complementarios de pensiones, que cada vez se están haciendo más, incluso en convenios colectivos entre empresas y trabajadores. Me parece bien, partiendo del principio, eso sí, de que el sistema principal no ha de ser ese, sino el sistema público, porque es el que iguala y da las mismas garantías a las ciudadanas y a los ciudadanos. Señoría, no es un problema de liderazgo del ministro de Trabajo sino un profundo convencimiento del Gobierno y de la política que tiene que llevar a término, así como de los compromisos adquiridos en el programa del Partido Socialista. Por ello, puede estar usted tranquilo, porque este es un asunto muy compartido. No obstante, no tenga usted ninguna duda de una cosa, señor senador: jamás dimitiré de mis convicciones. Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)
El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Muchas gracias, señor ministro.

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