Lucha contra la corrupción: Proposición no de ley de la Izquierda Plural sobre medidas urgentes para combatir el fraude fiscal, limitar la elusión y reducir la economía sumergida


A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural presenta la siguiente Proposición no de ley sobre medidas urgentes para combatir el fraude fiscal, limitar la elusión y reducir la economía sumergida para su debate en Pleno.

El fraude fiscal y laboral constituye una realidad enormemente significativa de la economía española. Según estimaciones del Sindicatos de los Técnicos del Ministerio de Hacienda, GESTHA, la estimación equivale a 8 puntos de PIB, unos 80.000 millones de euros.
Según este mismo sindicato, la deuda fiscal pendiente de cobro alcanza los 50.000 millones de euros, lo que hace muy discutibles el logro de objetivos serios en la persecución del fraude.
Esta situación es perfectamente detectada por la ciudadanía, con todas las consecuencias que eso tiene sobre la moral fiscal. Según el último estudio del CIS al respecto (julio de 2013), el 94,8% de los encuestados consideraba que en España había mucho o bastante fraude fiscal. Como consecuencia, según una encuesta del Instituto de estudios Fiscales, más de la mitad de los españoles justifica el fraude.
Frente a todo ello, la recaudación por lucha contra el fraude se sitúa en los 11.000 millones de euros anuales. Según datos de los técnicos fiscales, sólo se recauda un euro de cada 6 descubiertos como consecuencia del fraude.
La economía sumergida, por su parte, alcanza también un volumen significativo. En 2011, FUNCAS la estimó en el 23,7% del PIB, en 2012 VISA Europa la situó en el 19,2% del PIB y en 2013 el informe Tax Gap considera que la economía sumergida en España es la más importante del sur de Europa y alcanza el 29,1% del PIB. Realizando una ponderación de estos estudios se puede estimar que la economía sumergida era en 2012 del 24,6% del PIB, unos 253.000 millones de euros. Teniendo en cuenta que la contribución fiscal media era del 32,5% en 2012, nos podemos situar en un volumen de fraude, como consecuencia de la economía sumergida, de unos 82.000 millones de euros.
La vinculación entre economía sumergida y fraude es evidente, aunque no todo el fraude tenga origen en la economía sumergida. Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la economía sumergida consiste en actividades que son productivas en sentido económico y relativamente legal (si ciertos estándares o regulaciones se cumplen), pero que son escondidas deliberadamente a las Administraciones Públicas, para:

a) Evitar el pago de impuestos.
b) Evitar el pago de las cotizaciones a la Seguridad Social.
c) Evitar cumplir normas laborales y de otro tipo; ciertos mínimos legales como el salario mínimo, el número máximo de horas trabajadas, estándares de seguridad o de salud, etc.
d) Evitar algunos procedimientos administrativos, como rellenar cuestionarios u otros formularios administrativos.

Los dos primeros motivos están directamente vinculados con el fraude y los dos últimos de forma indirecta.
En cuanto a la elusión fiscal, los contribuyentes que pueden practicarla, utilizan los resquicios y las contradicciones existentes en la legislación tributaria -algunas intencionadas y otras no- para pagar menos impuestos de forma significativa. Es lo que eufemísticamente se llama optimización fiscal e ingeniería financiera. En este sentido, las autoridades europeas han iniciado una fuerte campaña para limitar la elusión fiscal mediante, entre otros ejemplos, la clarificación del papel fiscal de ciertas multinacionales del sector de la informática o las telecomunicaciones o la llamada Directiva matriz-filial. Contrasta esta preocupación con la situación de, por ejemplo, los Bancos en España, que difícilmente alcanzan una tributación media del 8% cuando el impuesto de sociedades es del 30%. La falta de equidad con empresas de otros sectores y tamaño menor es evidente, cuando estas no pueden aprovechar con la misma facilidad la legislación sobre deducciones, subvenciones, etc.
Por otra parte, se ha anunciado que la reunión preparatoria de los Ministros de Hacienda del G20 del 19 al 21 de septiembre de 2014 en Cairns (Australia) ratificará las primeras siete medidas de las quince que contiene el Plan de acción contra la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios que el G20 ya aprobó en San Petersburgo el 6/9/2013 para que 44 países miembros y candidatos de la OCDE apliquen sucesivamente en septiembre de 2014 y en septiembre y diciembre de 2015.
La cuantificación del volumen económico que representa el fraude fiscal derivado de la economía sumergida (incluidas las cotizaciones sociales) más la originada mediante mecanismos de fraude no vinculados a la misma, puede estimarse de forma prudente en unos 90.000 millones de euros anuales, de los que se recuperan unos 11.000 millones. Tenemos pues un saldo por fraude que no se recupera para la Hacienda Pública de 79.000 millones. Teniendo en cuenta que el fraude fiscal prescribe a los 4 años, se trataría de un volumen de fraude “vivo” de 316.000 millones de euros. Si extendemos el periodo de prescripción de forma que el fraude generado en 2010 no prescriba hasta 2018, podría existir una bolsa de fraude potencialmente recuperable de más de 600.000 millones de euros durante los próximos cuatro años, sin tener en cuenta recargos y multas.
A ello hay que añadir algo más de 38.300 millones de euros en el presupuesto de 2014 como “gastos fiscales”, que son el techo conocido y legal de os beneficios fiscales que representan el 26,3% de los ingresos tributarios teóricos, aunque la delgada línea roja entre elusión y evasión permita suponer cantidades más altas, que no están presupuestariamente reconocidas. No obstante, es evidente que no planteamos la supresión de todos estos gastos fiscales, sino solamente de los que representan una ruptura significativa en la equidad del impuesto correspondiente.
La anualización de las posibilidades de recuperación de la recaudación fiscal con la aplicación de una Ley como la que proponemos generaría en cuatro años de aplicación una bolsa de 15.000 millones anuales como consecuencia del cumplimiento de objetivos razonables de disminución del fraude y la economía sumergida, a la que habría que añadir unos 75.000 millones anuales como consecuencia de la persecución y recuperación del fraude histórico vivo, simplemente evaluado en el 50% de sus cantidades netas y repartido en los 4 años. Mucho más que el déficit público.
Es perfectamente imaginable que pudieran dedicarse a financiar el apoyo a la contratación laboral digna y al impulso de la economía real unos 45.000 millones de euros anuales como consecuencia del aumento de la recaudación. No es ilusorio: menos del 50% del 50% de la recaudación potencial.
Pero ante todo ello, el Gobierno sólo propone para lograr el ajuste fiscal exigido por las instituciones de la Unión Europea medidas radicales de recorte del gasto que afectan a los principales servicios públicos, a los derechos sociales reconocidos por la Constitución Española, al bienestar de la ciudadanía, y que dificultan la creación de empleo y el desarrollo de la economía real.
No tiene justificación ética ni moral que no se tomen las medidas necesarias para llevar a sus últimas consecuencias la lucha contra el fraude fiscal mientras se exigen importantes sacrificios a la mayoría social.
Pero este argumento no es el único. Reducir el fraude es una condición necesaria para reducir el déficit público y eliminar el crecimiento acelerado de la deuda, que ya alcanza prácticamente el 100% del PIB, sin tener que deteriorar los servicios públicos, sin renunciar a gastos públicos de elevada rentabilidad económica y social, y sin hacer recaer desproporcionadamente en términos relativos la carga fiscal sobre las nóminas de los trabajadores y el consumo.
Pretendemos recuperar la lucha contra el fraude fiscal como un objetivo prioritario de la política económica, destinado a financiar en una parte importante la tan necesaria creación de empleo, el impulso de la demanda interna y el desarrollo de la economía real.
Dos argumentos principales avalan esta posición:

a) Una importante diferencia en cuanto al volumen del fraude y economía sumergida entre España y los principales socios de la Unión Europea. Es más, frente a lo que algunos opinan, países con una mayor contribución fiscal, como Francia y Alemania, tienen un porcentaje de fraude y economía sumergida mucho menor. Esto hace posible un margen muy importante para la eficacia de una adecuada voluntad política en su persecución.
b) Las cantidades resultado del fraude fiscal, la elusión y la economía sumergida son cantidades debidas a la Hacienda Pública, ocultadas y/o retenidas por defraudadores y delincuentes fiscales. La recuperación de la totalidad de las mismas es una obligación social y democrática de los poderes públicos, cuya ausencia o debilidad puede ser causa, al menos, de reproche político.
En este sentido, conviene resaltar que, teniendo en cuenta los actuales períodos de prescripción de cuatro años, las cantidades potenciales de recaudación como consecuencia de deuda fiscal originada por el fraude no descubierto pueden estimarse en 316.000 millones.
Por otra parte, las medidas técnicas y legales contra el fraude deben ir acompañadas con medidas organizativas y de gestión de los recursos humanos en la administración tributaria.
La eficacia de cualquier plan de lucha contra el fraude pasa por potenciar la organización de los recursos humanos para alcanzar al mayor número de contribuyentes y sectores económicos, definir y clarificar las funciones para incrementar la capacidad y autonomía de actuación, motivar a los trabajadores mediante el desarrollo previsible de la carrera administrativa y la promoción interna, e incentivar el trabajo y las habilidades individuales.
Finalmente, recordamos que el 25 de junio de 2013 este Grupo Parlamentario presentó una Proposición de Ley sobre Medidas para Intensificar la Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal, aún no debatida, y el 2 de agosto de 2014 la propuesta de creación de una Comisión de Investigación sobre el Fraude Fiscal, rechazada por la mayoría absoluta del Grupo Popular.
El Grupo de la Izquierda Plural considera que los resultados concretos en la lucha contra el fraude constituyen una base legítima para fundamentar una política alternativa global y financiar una parte significativa de la misma, para lo que presentará otras propuestas legislativas con esta finalidad.
Ante todo ello, el Grupo Parlamentario de la Izquierda Plural, presenta la siguiente

PROPOSICIÓN NO DE LEY

“El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a presentar durante el presente período de sesiones, y en todo caso, en el plazo de seis meses un Proyecto de Ley de Medidas Urgentes para Combatir el Fraude Fiscal, Limitar la Elusión y Reducir la Economía Sumergida, de acuerdo con los siguientes objetivos y contenidos:

a) Los objetivos de la Ley que se insta serán situar el fraude, la elusión fiscal y la economía sumergida en proporciones equivalentes a la de nuestros principales socios de la UE y en coherencia con las políticas sobre estos hechos propuestas por la Comisión Europea y la OCDE.
b) Como horizonte temporal en el logro de estos objetivos, se fija un período máximo de cuatro años con el siguiente alcance:

i. Reducir en 10 puntos de PIB la economía sumergida
ii. Reducir el fraude fiscal hasta un mínimo de 3 puntos de PIB, como primer paso para su erradicación. Investigar y perseguir principalmente las conductas constitutivas del delito fiscal.
iii. Limitar la elusión fiscal para que las diferencias de tributación entre personas físicas o jurídicas por un impuesto de la misma naturaleza no pueda ser superior a 8 puntos porcentuales de la base imponible.
iv. El redactado de la Ley, de los reglamentos que la desarrollen, de los procedimientos, recursos e instrumentos que se utilicen serán coherentes y funcionales para el logro de esos objetivos.
v. El contenido de la Ley combinará medidas de estímulo al cumplimiento de las obligaciones fiscales con el reforzamiento de la penalización del mismo.
vi. La Ley fijará objetivos anuales de reducción del fraude y de la economía sumergida y establecerá mecanismos para informar al Congreso de los Diputados de su cumplimiento.

c) Desarrollar las siguientes medidas vinculadas al fraude fiscal y en las cotizaciones a la Seguridad Social:

vii. Ampliar en un año mediante disposición transitoria el período de prescripción del fraude fiscal en el momento de aprobación de la misma, dos años a partir del primer año de aplicación de la Ley, tres a partir del segundo y cuatro a partir del tercero. La disposición decaería una vez logrado limitar el fraude a un máximo de 3 puntos de PIB. En todo caso, la prescripción prevista por la Ley se extenderá a 10 años cuando se utilicen procedimientos tendentes a ocultar la identidad real del obligado tributario, se utilicen paraísos fiscales o la defraudación se cometa por una red organizada para cometer la evasión fiscal, equiparando la prescripción administrativa a la prescripción del tipo agravado del delito fiscal.
viii. Se promoverá la modificación del Código penal para reducir la consideración de delito contra la Hacienda Pública a 50.000 euros de fraude y del tipo agravado a 120.000 euros de fraude. En el caso de cotizaciones a la Seguridad Social, se considerará delito cuando el fraude acumulado supere los 50.000 euros en el período de prescripción correspondiente.
ix. Revocar la licencia de las Instituciones financieras y entidades emisoras de tarjetas de crédito y débito que se nieguen a colaborar con la Administración Tributaria en la información y persecución de prácticas de fraude fiscal.
x. Generalizar el criterio de retención a cuenta en la fuente para todas las rentas.
xi. Determinar cuando no haya factura o no conste en ella la cantidad del impuesto (para evitar el con o sin IVA), la más alta de las cantidades entre la que se manifieste como pactada verbalmente o el precio medio del mercado.
xii. No podrán pagarse en efectivo las operaciones, en las que alguna de las partes intervinientes actúe en calidad de empresario o profesional, con un importe igual o superior a 1.000 euros o su contravalor en moneda extranjera.
xiii. Limitar rigurosamente el sistema de estimación objetiva mediante módulos al microempresario que venda exclusivamente al consumidor final.
xiv. Extender la responsabilidad solidaria en la deuda originada por fraude fiscal a quienes colaboren en él activa o pasivamente, y subsidiaria a quienes subcontraten obras o servicios sujetos a obligación tributaria, no solo a tributos que deban repercutirse o cantidades que deban retenerse.

xv. Comprobar el origen de los 40.000 millones que han aflorado con la amnistía fiscal regulada en el Real Decreto-ley 12/2012, para evitar que se estén blanqueando capitales de procedencia ilícita, salvo los provenientes exclusivamente de la evasión fiscal. En el plazo de un mes desde la entrada en vigor de la Ley, mediante la correspondiente modificación del artículo 95 de la Ley general tributaria, el Gobierno vendrá obligado a publicar en el Boletín Oficial del Estado la identidad, las cantidades declaradas y la cuota tributaria autoliquidada por las personas físicas y jurídicas que se han acogido al proceso de regularización fiscal previsto en el Real Decreto-ley 12/2012.

d) Desarrollar las siguientes medidas vinculadas a la reducción de la economía sumergida:
xvi. Recoger la obligatoriedad de alta en la Seguridad Social de todos los contratos de trabajo verbales, independientemente de las características del trabajador (incluida su nacionalidad, residencia o situación legal). En el caso de contratos escritos, los datos de cotización serán los realmente pactados de forma verbal o de hecho. El incumplimiento será considerado como fraude.

e) Desarrollar las siguientes medidas vinculadas a la limitación de la elusión fiscal:
xvii. Modificar la legislación de las Instituciones de Inversión Colectiva para evitar los notorios abusos de las sociedades de inversión de capital variable (SICAV), incluyendo el límite máximo de participación individual (5% del capital) a todas las modalidades de sociedades de inversión, financieras o no. Así se evita el control de la sociedad y el partícipe que quiera invertir o adquirir algún bien reembolsará su participación y tributará por la renta del ahorro diferida, según la diferencia entre el valor liquidativo y el valor de adquisición. Las sociedades no constituidas por los procedimientos de fundación sucesiva y de suscripción pública de participaciones dispondrán de un plazo de un año, contado a partir de su inscripción en el correspondiente registro administrativo, para alcanzar la cifra máxima prevista en el párrafo anterior.
xviii. Limitar el total máximo de subvenciones, deducciones y exenciones. Esto es especialmente necesario en el Impuesto de Sociedades de forma que quienes tienen un tipo legal del 30% no puedan tributar menos del 24% de la base imponible (un 3% menos por causas generales y un 3% menos por contratación laboral) y quienes tienen un tipo legal del 25% no puedan tributar menos del 17% de la base imponible (un 3+5% por las mismas causas)
xix. Trabajar para procurar un acuerdo en la OCDE para la obtención automática de información de carácter mercantil o tributario de las personas y empresas que operan o son titulares de bienes y derechos en los países o territorios calificados como paraísos fiscales.
xx. Aplicar el Plan de acción de la OCDE contra la erosión de la base imponible y la trasferencia de beneficios de las multinacionales.
xxi. Prohibir en las instituciones financieras españolas nacionalizadas la operativa hacia y desde paraísos fiscales.
xxii. Derogar la Disposición final primera del Real Decreto-Ley 12/2012, de 30 de marzo, por el que se introducen diversas medidas tributarias y administrativas dirigidas a la reducción del déficit público, para evitar que se convierta en una especie de proceso de regularización fiscal permanente y además resulta manifiestamente contrario a nuestro sistema jurídico privar al Ministerio Fiscal y a Jueces y Tribunales del conocimiento de hechos que pudieran constituir delito. En consonancia con lo anterior, se promoverá la modificación del Código penal para sustituir por un régimen de atenuantes la exclusión de pena contenida en la salvedad de los apartados 1 de los siguientes artículos en relación con el apartado 4 del artículo 305, los apartados 3 del artículo 307 y 307 ter, y apartado 5 del artículo 308.

f) Desarrollar las siguientes medidas vinculadas a la reorganización de instrumentos de la Administración Tributaria y su reforzamiento material y humano:

xxiii. Creación del Cuerpo Superior Técnico de Hacienda. Esto supondrá la habilitación de los 8.500 Técnicos del Ministerio de Hacienda para realizar funciones superiores a las actualmente encomendadas, incrementando así la eficacia en la prevención y reducción del fraude.
xxiv. Duplicar en los primeros dos años de aplicación de la Ley el personal funcionario para alcanzar ratios por habitante equivalentes a la media de los países de la UE.

g) Otras medidas.
xxv. Se habilita al Gobierno para tomar las medidas oportunas que permitan contar con la elaboración periódica por expertos independientes de un informe que contenga un análisis y evaluación oficial de la economía sumergida en España y del fraude fiscal y laboral. Dicho informe estará desagregado territorialmente, por sectores económicos y por tributos.
xxvi. El informe a que se refiere el apartado anterior será presentado y debatido en las Cortes Generales y los Parlamentos autonómicos, que podrán promover las medidas correctoras oportunas.

Palacio del Congreso de los Diputados
Madrid, 27 de octubre de 2014

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